La tierra sabe, la tierra piensa*

Por Yirama Castaño Güiza**

Abril, 2021

El 10 de diciembre de 1999, 175 indígenas de la comunidad Embera Katío, se tomaron el antejardín de la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá, en la carrera 13 con calle 37, a pocas cuadras del Parque Nacional. Nunca habían salido de su pueblo. Protestaban porque parte de su territorio en el Alto Sinú sería inundado por la represa de Urrá. Unos días más adelante, comenzando el nuevo milenio, visité el campamento para escribir una crónica de su viaje. 

Lo primero que vi fue una joven con un recién nacido en sus brazos, a quien una voluntaria de los Hijos de Cristo, una fundación cristiana, ayudaba a parar en una balanza. La muchacha se dejó mover los pies sin musitar palabra. Sostuvo con fuerza a la bebé, mientras los extraños se retiraban, señalando en su cuaderno que la pequeña embera había nacido el 25 de diciembre, pesaba tres mil gramos y no tenía ninguna de sus vacunas. Escribí en mis notas: “…tan niñas ambas, tan lejos de lo que llaman tierra. A 800 kilómetros de distancia del Alto Sinú y del Valle cordobés. A un mes caminando desde el Resguardo. 

Le pregunté ¿Cómo está la niña? -silencio-.  ¿A qué hora nació? -mueca-¿Cómo se llama? ¿Ya tiene nombre?. La joven arregló el plástico negro que le servía de cambuche y se instaló en el colchón de borla. ¿Cómo fue el parto?. -Masticó una galleta sin ganas-. ¿Cuántos años tiene usted? Escupió y miró la tierra húmeda. ¿No quiere hablar? ¿No entiende el español?. Antes de retirarme, tropecé con una cuerda. Estaba en terreno Embera, y caí de bruces sobre la acera de cemento. La mujer sonrió con mi traspié y dijo: “Me llamo Neira, tengo 20 años y esta es mi cuarta hija”.

Los siguientes contactos fueron difíciles, pero se venció el recelo. Supe que para no olvidar sus rituales, los hombres salían temprano a trepar los árboles del parque y escogían los troncos secos para las fogatas. Las mujeres cocinaban todo el día, moviendo las tapas de las ollas. Ninguno podía salir sin el permiso del jenené mayor, José Ángel Domicó. Me dijeron que la gente de Bogotá parecía de otro mundo y que tal vez era porque no tenían río. Solo agua lluvia. Y es que el origen de los Embera Katío está en el río. Ellos eran pescadores hasta que desviaron las aguas por la construcción de la represa y nunca más volvió a subir el pescado. Gracias a la luz de sus fuegos, pude divisar un rostro que no olvido: Kimy Pernía Domicó, el indígena que lideró la gran marcha Embera a Bogotá.

Tan expuesto estuvo su nombre, rostro y lucha por el territorio (103 mil hectáreas, que coinciden con el Parque Natural de Paramillo y abarcan los ríos Esmeralda, Verde, Cruz Grande y la parte Alta del Río Sinú), que un año después, en junio de 2001, los hombres de Salvatore Mancuso, comandante de las autodefensas en Córdoba, lo secuestraron, torturaron, asesinaron y tiraron su cuerpo al río. Algún tiempo después, en una entrevista con el periodista francés, Bernard Henry Levy, Carlos Castaño, comandante en jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, al responder sobre la posible arbitrariedad de los asesinatos de líderes sociales, dijo: “¿Atentados a ciegas nosotros? ¡Jamás!. Siempre hay una razón.” Y al ser interpelado sobre la razón de la muerte de Kimy, contestó sin titubeo: “¡La represa! ¡Impedía el funcionamiento de la represa”.

La selva y los bosques hablan

A 12 días transcurridos del mes de marzo de 2021, según el reporte del Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, han sido asesinados 31 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en Colombia, 7 de ellos indígenas: Orlando Manuel Chimá, en Cáceres, Antioquia; Alejandro Manugama Cheche, en Bagadó, Chocó; Luz Aída Conchave Lana, en el Alto Baudó, Chocó; Marcos Paí y John Albeiro Paí, en Tumaco, Nariño; Jaime Basilio en San Basilio, Sucre y Carmen Ofelia Cumbalaza, en Cumbal, Nariño.

Y no son los únicos. Según el Informe de INDEPAZ, elaborado por Leonardo González Perafán y presentado en Junio de 2020, desde el 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas; 242, luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque. El departamento con más asesinatos de líderes indígenas es el Cauca, cuya cifra asciende a 94. Le siguen Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Chocó, Bogotá, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo.

El Diario La República, orientado al sector económico y financiero del país, publicó el 24 de agosto del 2020, un artículo dedicado a los resguardos indígenas, que pertenece, por demás, a una serie de informes especiales titulados: ¿De quién es la tierra en Colombia?

Con base en cifras reportadas por la Agencia Nacional de Tierras ANT, el periódico informa a sus lectores que las comunidades indígenas tienen 28.9 millones de hectáreas, un 25.3 por ciento del total en el país, una cuarta parte del territorio nacional (114 millones de hectáreas), divididas entre 767 resguardos indígenas. Territorios protegidos por la Ley, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Según la misma Agencia, el 70% de estos resguardos, 20.2 millones de hectáreas, se concentran en el Amazonas, Guaina, Vaupés, Vichada, Guaviare, Chocó y la Guajira.

La realidad es contundente, como pudo observarlo la periodista María Jimena Duzán en el primero de sus informes de la serie “La Agonía del Amazonas en vivo: Lo que yo vi es una selva totalmente incendiada con una nube blanca encima,  pero además que está siendo loteada minuto a minuto, mientras aquí tomamos café”. Y lo refuerza Rodrigo Botero, director de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible, quien acompaña a la periodista en este viaje: “En los bosques de transición entre la Orinoquía y la Amazonia, son 500 kilómetros de acceso vial…por los que están entrando grandes cantidades de población y de hatos, corrales y casas nuevas por todas partes”.

Una jauría salvaje, depredadora, pirómana e insaciable, -compuesta por empresas legales y organizaciones ilegales, con enorme poder económico-, avanza sin que nadie la detenga, abre trochas y se engulle los bosques y selvas, exterminando a nuestros indígenas, no solo con sus armas, sino además, como sucede en el caso del Resguardo de los Nukak Makú, con su poder corruptor, cercándolos como presas hasta quitarles toda dignidad. De las 980 mil hectáreas del Resguardo, 300 mil, la tercera parte, ya está intervenida, con cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y fincas ganaderas, como lo señala Rodrigo Botero.

Es la misma plaga invasora que marcha implacable por los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó y todo el occidente. Cuadrillas sin nombre que talan sus árboles; escarban con sus retroexcavadoras para extraer sus minerales; taladran orificios en su piel para hacer brotar el petróleo; muerden y destrozan el subsuelo, dejando una fila de socavones y pedregales donde ya no se puede sembrar. 

Son los clanes que plantan eucaliptos y palmas en terrenos de bajo costo para aumentar sus ganancias, mientras producen un impacto ambiental incalculable. Se trata de una masa amorfa e indolente que extiende sus dominios, poco a poco, corriendo el cerco, ganando fanegadas para su ganado y sus cultivos de café y etanol; que delimita corredores para el narcotráfico y construye escondites para grupos criminales y mafiosos. En fin, es la horda armada que arrasa lugares sagrados y aniquila a su paso, a la gente de la montaña.

Según los resultados del Censo de 2018, adelantado por el Departamento Nacional de Estadística DANE, existen 115 pueblos nativos en el país, que representan a más de 1.900.000 personas, un 4.4% de la población. En este universo, es aún más desolador saber que 39 de estos pueblos indígenas están en inminente riesgo de extinción física y cultural, y que otros 35 cuentan con menos de 200 habitantes, de acuerdo con estadísticas presentadas por INDEPAZ y ratificadas de algún modo por la Corte Constitucional y las organizaciones indígenas.

Muchos de los líderes indígenas asesinados en Colombia durante estos años son autoridades y médicos tradicionales en sus comunidades. Mientras termino de escribir el párrafo final de esta crónica, el miércoles 17 de marzo, asesinan a la lideresa indígena y alcaldesa del Resguardo Camentzá Biyá, mamá María Bernarda Juajibioy y a su nieta, quien tenía un año y cinco meses de edad. Los hechos se dieron en la vereda La Esmeralda, Orito, Putumayo. 

Así que no sólo estamos hiriendo de muerte a la Pachamama con sus selvas, bosques, ríos, plantas medicinales y animales; sino que con sus protectores y guardianas se nos van saberes ancestrales, un legado milenario único, los espíritus buenos, los abuelos y las abuelas sabias, las venas de la memoria.

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* Verso del Himno de la Guardia indígena

** Poeta, periodista y editora

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