POR LA DEFENSA DE LA BIOCULTURALIDAD LATINOAMERICANA
Julio, 2017
En una América Latina históricamente definida por riquezas y diversidades biológicas y culturales, pero también por fuertes saqueos colonizadores y en los últimos tiempos, neocapitalistas, los distintos países que la conforman pulsan entre vaivenes de manifestaciones sociales y comunitarias que son expresión de lucha por territorios, cosmovisiones e identidades, pero también de grandes despojos, deterioro socio ambiental y repercusiones altamente nocivas a la salud, que lo abarcan todo, desde ámbitos complejos biodiversos, hasta recientemente, lo antes inconcebible: genes y saberes; todo bajo la bendición de leyes, reglamentos y formas de usurpación administrativa, aprobadas por gobiernos que están al servicio del gran mercado nacional e internacional y que de ninguna manera laten en sincronía con los sentires colectivos de los pueblos.
Es bajo este panorama, en el que la amenaza en contra del patrimonio biocultural de los pueblos presenta diversos rostros terribles: apropiación abusiva territorial con todos sus componentes biológicos y abióticos, actividad minera, contaminación de ríos, educación conservadora y clasista, introducción de transgénicos, sojuzgamiento étnico, e implementación de tratados internacionales, como el Protocolo de Nagoya derivado del Convenio de Diversidad Biológica. Tratado que con el declarado objetivo de lograr una participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, manejados secular y en ocasiones milenariamente por los pueblos, como lobo con piel de oveja, guarda sus verdaderas intenciones de apropiación de genes y saberes ligados a esos recursos genéticos, tratados como mercancía, y que a pesar de que se menciona en este Protocolo, el establecimiento de convenios entre “usuarios” (comunidades indígenas y locales) y “usuarios de los recursos genéticos” a través de consentimiento fundamentado previo de las comunidades, se manifiesta en toda su ferocidad en un conjunto de enunciados como los siguientes:
“Las Partes, al aplicar el presente Protocolo, no restringirán, en la medida de lo posible, el uso e intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados dentro de las comunidades indígenas y locales y entre las mismas de conformidad con los objetivos del Convenio.”
Como beneficios monetarios y no monetarios derivados de los convenios particulares entre “proveedores” y “usuarios de los recursos genéticos” se puede considerar la: “Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes” , que es evidentemente la puerta abierta al derecho al patentamiento biológico.
Fue bajo el inicio de la difusión gubernamental selectiva en México de este Tratado que se inició una respuesta académica crítica, manifiesta durante el IX Congreso Mexicano de Etnobiología realizado en 2014 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y que se fortaleció en distintos foros académicos y reuniones comunitarias hasta desembocar en una Declaratoria formulada en Popayán, Colombia durante el V Congreso Latinoamericano de Etnobiología realizado en septiembre de 2015, y que bajo la iniciativa de miembros de la Sociedad Colombiana de Etnobiología y de la Asociación Etnobiológica Mexicana, surgió la necesidad de echar a andar la Red que sirviera de vínculo y altavoz para las distintas situaciones de agresión al patrimonio biocultural latinoamericano.
Los fundamentos de la visión de la Red quedaron plasmados en los siguientes enunciados que constituyeron una primera Declaratoria Latinoamericana en el Congreso de Popayán, Colombia:
● Estamos en contra de la privatización de los recursos biológicos y conocimiento tradicional asociado, particularmente en sus diversas formas como patentes u otras.
● Nos oponemos a la restricción comercial tradicional de los recursos utilizados por las comunidades.
● Difundir los riesgos de la bioprospección que puedan terminar en procesos de privatización a través de la biopiratería, afectando a los grupos étnicos, campesinos y a la sociedad en general.
● Que se promuevan consultas a nivel nacional previas, libres e informadas sobre el destino del patrimonio biocultural del país, especialmente con la participación de grupos étnicos y campesinos y demás expertos en el tema.
● Que se promueva la representación de grupos étnicos y campesinos, y todos los que se puedan ver afectados en la toma de decisiones relacionadas con la reglamentación sobre recursos biológicos y conocimiento tradicional asociado.
Como investigadores nos comprometemos a:
● Trabajar de forma que no promovamos la afectación del derecho de los grupos étnicos y campesinos, al uso y conservación de sus recursos naturales y territorios.
● Contribuir desde nuestra práctica a promover el reconocimiento efectivo del derecho de los grupos étnicos y campesinos al manejo de sus territorios y recursos.
● No ser portavoces de intereses privatizadores y manejar la información que las comunidades nos confieren, de forma que no represente riesgo que en un futuro afecte el acceso de éstas a su riqueza natural y territorios.
● Realizar la revisión y difusión de la legislación de cada país con respecto a los riesgos de privatización del patrimonio biocultural.
● Vincularnos con expertos en materia legal para trabajar en la defensa de la diversidad biológica, cultural y de los territorios de las comunidades étnicas y campesinas, concibiéndolo como derecho fundamental de las mismas.
● Difundir a los grupos étnicos y campesinos los resultados de este simposio y Congresos.
● Promover la creación de instituciones para la defensa de la diversidad biológica, cultural y de los territorios de las comunidades étnicas y campesinas, concibiéndolo como derecho fundamental de las mismas.
● Trabajar de forma ética a través de procesos equitativos para recobrar la confianza de las comunidades, respetando el derecho de los grupos étnicos y campesinos a autorizar o no, investigaciones en sus comunidades.
● Considerar a los miembros de las comunidades copartícipes de nuestras investigaciones y realizar estos estudios con sentido social a través del diálogo de saberes.
Así nace el sueño de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural cuya misión es:
“Ser una red integrada por académicos de distintas disciplinas y representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, rom, campesinas y de otros grupos poblacionales de América Latina, que se genera ante la necesidad de constituir una colectividad que más allá de los compromisos institucionales, adopte una postura decidida y proactiva en relación con las amenazas y agentes de cambio que afectan la integridad biológica y cultural de los pueblos de América Latina y sus territorios.”
Con estos caminos definidos se organizó el Simposio y Mesa de Diálogo por la Defensa del Patrimonio Biocultural en América Latina como parte del V Congreso Latinoamericano de Etnobiología en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2017, coordinados por Emma Estrada Martínez (México), Álvaro R. Sepúlveda Varón (Colombia), Miguel A. Pinkus Rendón (México), Germán Escobar Berón (Colombia), Gladys Obelmejias (Venezuela), Eliseete Ramírez Carbajal (México) Marcio Harri son Dos Santos Ferreira (Brasil) y Aurélio José Antunes De Carvalho (Brasil), con asistencia de personas de México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Francia y Ecuador, en los que a partir de las ponencias de académicos, los planteamientos de los representantes de los pueblos originarios, y las opiniones del público asistente, se definieron las siguientes conclusiones en una Declaratoria y Plan de Acción, sintetizadas por los coordinadores de estos eventos y que son los sentires y expresiones de América Latina:
Declaratoria
1. Existen amenazas comunes en contra del Patrimonio Biocultural Latinoamericano que deben hermanarnos en planes de acción conjuntos para enfrentarlas.
2. Las principales amenazas al Patrimonio Biocultural Latinoamericano que se identificaron, son las siguientes:
a. Discriminación hacia los grupos poblacionales y su cultura.
b. Privatización y contaminación del agua, el aire y el suelo, generada por grandes empresas, en territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos y pesqueros, entre otros.
c. Despojo por parte de diferentes niveles gubernamentales, agencias de conservación, empresas turísticas y urbanas, en contra de pueblos originarios, comunidades de pescadores artesanales, afrodescendientes, raizales y campesinos, entre otros.
d. Erosión genética de la agrobiodiversidad a través de políticas públicas que promueven la introducción de material exógeno con implicaciones hacia la dependencia tecnológica y la pérdida de soberanía alimentaria de los pueblos.
e. Introducción de organismos genéticamente modificados que impactan sobre la agrobiodiversidad y la salud humana y territorial.
f. Imposición legislativa nacional e internacional que considera al patrimonio biocultural (incluye el agua y la tierra), como una mercancía vendible y apropiable por las leyes del mercado, sin la realización de las consultas libres, previas e informadas, establecidas en acuerdos internacionales.
g. Pérdida de memoria biocultural vinculada a la salud de los pueblos y sus territorios, causada entre otros factores por: el turismo convencional, religiones protestantes, y el sistema de salud y educación
hegemónicos.
h. Pérdida de conocimientos ecológicos tradicionales que puedan brindar opciones para la gestión territorial y la mitigación del cambio climático.
i. Impactos socioambientales negativos y rompimiento del tejido cultural, causados por empresas extractivas.
j. Extranjerización de la tierra, incremento de áreas de monocultivo y demás cambios en el uso del suelo que promueven la deforestación y el desplazamiento.
k. Políticas públicas que han promovido la desaparición de las lenguas y demás aspectos de la cultura material e inmaterial de los pueblos originarios y comunidades locales, a través de su incorporación a la modernidad por medio de medidas altamente agresivas.
Plan de Acción
● Promover la vinculación continua entre los países latinoamericanos que fortalezcan los procesos de defensa del patrimonio biocultural, por medio de la difusión y puesta en marcha de: experiencias; estrategias de resistencia; pronunciamientos con fundamentos socioambientales; información bibliográfica; estructuración de foros y otros eventos a escala local, regional, nacional e internacional, y otros eventos relacionados.
● Fortalecer la gobernanza local y otros procesos autonómicos y emancipatorios que contribuyan a conservar la integridad cultural de los pueblos y sus territorios.
● Establecer proyectos de investigación acción participación, definidos en todas sus etapas por la conjunción comunidades-academia.
● Lograr un mayor compromiso y una activa participación de la academia, que articule a las comunidades locales y la movilización social en torno a la defensa del patrimonio biocultural, y deje de ver en la población de esas comunidades, una fuente de exhibición o un objeto de estudio.
● Integrar equipos inter y transdisciplinarios en los que el conocimiento legislativo comprometido con el bienestar de las comunidades y sus territorios, juegue un papel importante.
● Lograr la participación de las comunidades históricamente subalternizadas en el diseño y ejecución de las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones en sus diferentes escalas.
Esta Declaratoria y Plan de Acción se subieron a la página de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural que tiene su página en Facebook y que es coordinada por Emma Estrada Martínez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo y Álvaro R. Sepúlveda Varón, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, el lunes 23 de octubre, para difundir este documento con la intención de que en torno a él, comunidades latinoamericanas y academia, logremos de manera unida, la visualización y plan de acción que permitan definir y hacer frente al conjunto de factores comunes que amenazan a nuestro patrimonio biocultural, bajo el concepto de una Etnobiología comprometida.
Durante estos eventos se constituyó una estructura de nodos, que serán representados por académicos que fungirán como enlace entre la coordinación general de la Red y comunidades de pueblos originarios, de aquí en adelante.
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