Denunciar no siempre salva la vida de las mujeres en Colombia
Por Daisy Yael Castañeda
Fundación Mujer Libre
Marzo, 2026
En Colombia, muchas mujeres alcanzan a denunciar violencia. Lo que no siempre alcanzan es a sobrevivir.
Cada año miles de mujeres acuden a comisarías de familia, estaciones de policía o fiscalías buscando protección frente a la violencia que viven en sus hogares o en sus relaciones de pareja. Denunciar es, para muchas de ellas, un acto de valentía y también de esperanza: la esperanza de que el Estado intervenga antes de que sea demasiado tarde.
Sin embargo, la violencia de género continúa siendo uno de los problemas estructurales más graves del país. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de las Mujeres, miles de casos de violencia contra las mujeres se registran cada año en diferentes ámbitos: violencia física, psicológica, sexual y económica. Estas cifras evidencian que, a pesar de los avances normativos y de las campañas institucionales, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad persistente.
El delito más extremo dentro de este fenómeno es el feminicidio, tipificado en Colombia mediante la Ley 1761 de 2015, que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género como un crimen autónomo.
No obstante, la existencia de una ley no garantiza por sí sola la prevención efectiva del delito. Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, cada año se investigan decenas de feminicidios en el país, muchos de los cuales tienen antecedentes de violencia intrafamiliar o amenazas previas.
Este patrón revela una realidad preocupante: en numerosos casos las víctimas ya habían acudido a las autoridades antes de ser asesinadas.
A esta situación se suma un fenómeno cada vez más reconocido por organizaciones sociales y organismos de control: la violencia institucional.
La violencia institucional ocurre cuando las entidades encargadas de proteger a las víctimas terminan reproduciendo prácticas que obstaculizan su acceso a la justicia. Esto puede manifestarse en la minimización de las denuncias, la revictimización durante los procesos, la demora en otorgar medidas de protección o la falta de seguimiento a los casos.
En Colombia, diversas alertas han sido emitidas por entidades como la Defensoría del Pueblo de Colombia, que ha advertido sobre la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género. En muchos territorios, las comisarías de familia enfrentan limitaciones de personal, recursos y cobertura, lo que dificulta brindar una atención oportuna y efectiva a las denuncias presentadas por las víctimas.
No obstante, más allá de las limitaciones estructurales, existe un problema menos visible pero igualmente determinante en la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres: los sesgos que pueden presentarse en la actuación de algunos funcionarios encargados de recibir denuncias y activar las rutas de protección. La falta de formación en enfoque de género dentro de ciertas instituciones puede conducir a interpretaciones erróneas o a la minimización de las situaciones de violencia, lo que debilita la protección de las víctimas y obstaculiza su acceso efectivo a la justicia.
En muchos casos, las víctimas enfrentan preguntas que cuestionan su comportamiento, su vida personal o las decisiones que tomaron dentro de la relación, lo que termina trasladando parte de la responsabilidad de la violencia hacia quien la sufre. Este tipo de prácticas no solo desincentivan la denuncia, sino que pueden constituir una forma de revictimización dentro del propio sistema institucional.
La perspectiva de género, promovida por organismos internacionales como ONU Mujeres, implica reconocer que la violencia contra las mujeres no es un conflicto privado ni un problema aislado, sino el resultado de relaciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin esta perspectiva, las instituciones corren el riesgo de interpretar los casos de violencia intrafamiliar como simples “conflictos de pareja”, invisibilizando el carácter estructural de la violencia basada en género.
Las consecuencias de estas fallas pueden ser dramáticas. Diversos informes han documentado casos de feminicidio en los que existían denuncias previas, medidas de protección insuficientes o alertas que no fueron atendidas con la urgencia necesaria.
Cuando una mujer denuncia violencia, el Estado tiene la posibilidad de intervenir antes de que el ciclo de agresiones escale. Cuando esa intervención falla, la responsabilidad institucional también debe ser parte de la discusión.
¿Avances normativos o soluciones insuficientes?
Colombia cuenta, en teoría, con un marco jurídico robusto para enfrentar la violencia contra las mujeres. Leyes, protocolos, rutas de atención y campañas institucionales parecen demostrar que el problema ha sido reconocido y abordado desde el ámbito normativo. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: si el país tiene tantas herramientas legales para prevenir y sancionar la violencia de género, ¿por qué las cifras siguen siendo tan alarmantes?
Normas como la Ley 1257 de 2008, que estableció medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, o la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio como delito autónomo, representan avances importantes en el reconocimiento jurídico del problema. No obstante, la existencia de leyes no siempre se traduce en protección efectiva para las víctimas.
La verdadera pregunta, entonces, no es si existen normas, sino si estas realmente funcionan en la práctica. ¿De qué sirve ampliar el marco legal si las instituciones encargadas de aplicarlo carecen de recursos, formación o voluntad para hacerlo de manera efectiva?
Porque, en última instancia, el desafío no parece ser la falta de leyes, sino la distancia que existe entre lo que estas prometen y lo que realmente ocurre cuando una mujer decide denunciar.
¿Un problema estructural… o simples “casos aislados”?
Durante años se ha repetido la idea de que los casos de violencia contra las mujeres son hechos aislados, tragedias individuales o simples conflictos de pareja. Sin embargo, frente a cifras constantes de agresiones, denuncias y feminicidios, surge una pregunta inevitable: ¿realmente estamos frente a episodios aislados o ante un problema estructural que el país aún no ha logrado enfrentar de manera efectiva?
Colombia cuenta con leyes, rutas de atención, campañas institucionales y múltiples discursos que prometen combatir la violencia de género. Aun así, las cifras continúan revelando que miles de mujeres siguen siendo víctimas cada año. Si el problema estuviera resuelto únicamente con normas y protocolos, ¿por qué las denuncias siguen aumentando y los feminicidios continúan ocurriendo?
Tal vez la pregunta correcta no sea si existen herramientas jurídicas para enfrentar la violencia, sino por qué estas no siempre logran traducirse en protección real para las víctimas. Porque cuando la violencia se repite con tanta frecuencia, cuando las denuncias no siempre reciben respuesta oportuna y cuando los riesgos no son identificados a tiempo, resulta difícil seguir hablando de hechos aislados.
¿No es, entonces, momento de reconocer que la violencia contra las mujeres es, en efecto, un problema estructural que exige respuestas institucionales y sociales mucho más profundas?
Cifras que evidencian la magnitud del problema
Las estadísticas muestran que la violencia de género sigue siendo un fenómeno estructural en Colombia. Según datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia, hasta junio de 2024 se habían registrado 66.621 casos de violencia de género, de los cuales el 75,6 % tuvo como víctimas a mujeres, lo que equivale a más de 50.000 casos en apenas medio año (Instituto Nacional de Salud).
Dentro de estas cifras, la violencia física continúa siendo una de las formas más frecuentes. Más de 31.000 casos fueron catalogados como violencia física, mientras que la violencia sexual mantiene niveles alarmantes con cerca de 14.000 casos registrados y la violencia psicológica supera los 5.500 reportes en el mismo periodo.
El feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, refleja la gravedad del problema. Informes del Observatorio Colombiano de Feminicidios indican que 2024 cerró con cifras especialmente altas, superando los 800 casos reportados, lo que evidencia el crecimiento de esta forma de violencia en el país (The Guardian).
La tendencia no se detuvo en 2025. Durante ese año, distintos reportes señalaron un incremento sostenido de feminicidios. Entre enero y abril de 2025 ya se habían registrado 123 casos, mientras que para el primer semestre la cifra superaba los 340 feminicidios, con un promedio superior a un caso diario en el país (infobae).
De acuerdo con informes del Observatorio de Feminicidios en Colombia, para septiembre de 2025 se habían contabilizado al menos 621 feminicidios, lo que consolidó a ese año como uno de los más preocupantes en términos de violencia letal contra las mujeres (Blog de World Vision).
En cuanto a 2026, las alertas institucionales continúan. Aunque las cifras del año aún son parciales, los informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia advierten que la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación persistente. De hecho, reportes institucionales señalan que durante el primer trimestre de 2025 se registraron al menos 119 feminicidios y 324 intentos de feminicidio, lo que evidencia que el riesgo para las mujeres continúa siendo alto y que las medidas de prevención y protección aún resultan insuficientes (Ansa Latina).
Las estadísticas también muestran que la violencia se concentra especialmente en contextos cercanos a las víctimas. Informes oficiales indican que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres ocurren en relaciones de pareja o expareja, lo que demuestra que el espacio doméstico que debería ser un lugar de seguridad es con frecuencia el escenario principal de agresión.
Además, la distribución territorial revela que muchas de estas violencias se concentran en grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cali, lo que refleja tanto la magnitud del problema como la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención en las ciudades con mayor densidad poblacional.
Feminicidios en Colombia (2023-2026)
Año Feminicidios registrados
2023 525 casos
2024 más de 745 casos
2025 más de 620 casos
2026 más de 100 casos reportados en los primeros meses
Cada feminicidio posterior a una denuncia es la evidencia de una oportunidad perdida por el Estado. Cada uno representa una vida que no pudo ser protegida a tiempo, pero también expone una cadena de fallas institucionales que rara vez se examinan con la misma rigurosidad con la que se condena al agresor.
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Referencias
• Instituto Nacional de Salud de Colombia
Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Reportes de violencias de género e intrafamiliar 2024.
• Defensoría del Pueblo de Colombia
Informes y alertas sobre feminicidios e intentos de feminicidio en Colombia.
• Observatorio Colombiano de Feminicidios
Registro y seguimiento de feminicidios en Colombia (2023-2025).
https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org
• Observatorio Colombiano de las Mujeres
Estadísticas oficiales sobre violencias basadas en género en Colombia.
https://www.colombia.gov.co/observatoriomujeres
• Fiscalía General de la Nación
Datos sobre investigación y judicialización de feminicidios.
• ONU Mujeres
Informes regionales sobre violencia basada en género en América Latina.
Ana Ordóñez (miércoles, 08 abril 2026 09:27)
Definitivamente Colombia tiene un problema de violencia institucional que termina de hundir a las mujeres cuándo fallan en salvaguardar la integridad de cada una y de sus hijos.
Lilia Gutiérrez Rkveros (domingo, 08 marzo 2026)
Gracias a Quira Medios y a su Director Edgar Rodriguez Cruz, por los contenidos plenos de reflexión, que inviertan al análisis para que la sociedad avance.
Lineth (domingo, 08 marzo 2026 15:27)
Interesante escrito muy oportuno para este día.