Los afrodescendientes y la participación política en Colombia: realidades y utopías

Por Yesenia Escobar Espitia

Junio, 2021

 

En medio de la avalancha de agitaciones sociales y políticas que vive el país y de cara a las elecciones presidenciales del 2022, varios han propuesto su nombre como aspirantes a candidatos, entre ellos, una mujer afrodescendiente. Tras su postulación, se escucharon voces a favor y en contra, que coincidieron en una hipótesis: lograr que una mujer afrodescendiente ocupe un cargo de tan alto nivel más que una proeza es una utopía.  La razón es muy simple: seguimos siendo un país racista, clasista y patriarcal en el que, para muchos, la ciudadanía es todo, menos un estatus que les garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

 

A pesar de que Colombia cuenta con uno de los marcos constitucionales, legales y reglamentarios más progresistas de Latinoamérica en lo que concierne al respeto y promoción de la multiculturalidad, la realidad es que, en materia de derechos políticos, ni se reconoce ni se protege la diversidad étnica y cultural de la nación, mucho menos se promueven las condiciones para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo, tampoco se garantiza el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político por parte de los grupos tradicionalmente marginados y tratados como minorías. Es el caso de los afrodescendientes, quienes, salvo por las curules asignadas por circunscripción especial en la Cámara de Representantes, su presencia en cargos de elección popular o dentro del gabinete ejecutivo es casi nula. 

 

El 21 de mayo se conmemoraron 170 años de la abolición de la esclavitud, razón por la cual el 2021 fue declarado “el año de la libertad''. Libertad que no se traduce en igualdad de oportunidades en el desarrollo social ni mucho menos en la representatividad necesaria para que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras cuenten con voz y voto dentro de cada una de las ramas del poder público. Mientras esto ocurra, no se puede hablar de la existencia de una verdadera democracia, incluyente y participativa. 

 

Muchos podrán señalar que la causa de esta escasa representatividad es la falta de  organización, movilidad y liderazgo de las comunidades. Sin embargo, de no ser por la movilización y trabajo desde las bases, no se habrían logrado las conquistas en materias de derechos de que hoy goza la población. Otros, ponen la lupa sobre el clientelismo, que ha cooptado por décadas los votos de poblaciones enteras, impidiendo que se elijan personas que canalicen de manera efectiva las necesidades e intereses de las comunidades. No obstante, este fenómeno no tendría fuerza si se contara con los mecanismos de control suficientes y no se sujetara la autonomía de las comunidades a los caprichos del sistema político nacional. 

 

Cambiar este panorama requiere, sin duda, de una reestructuración del sistema político, que permita garantizar una mayor representación de las comunidades en los escaños de poder. Pero, también, del trabajo mancomunado de las organizaciones afrodescendientes para impulsar a sus líderes, de modo que sean más visibles y fuertes electoralmente. Así mismo, el ejercicio de vigilancia y control por parte de los organismos encargados de proteger los bienes públicos de la nación. A todo lo anterior, se suma el trabajo en la educación y concientización de la población colombiana, para que erradique los sesgos y abra las puertas a una democracia realmente pluralista en la que tengan cabida los grupos étnicos de manera equitativa. Mientras sigamos viendo como una utopía, lo que en otros países ha sido una realidad, seguiremos poniendo grilletes, nosotros mismos, al alcance de la justicia social.