La Trágica Realidad de los Defensores Ambientales en Colombia
Por Sofia López
Corporación Justicia y Dignidad
Noviembre, 2024
Decían de él que era un defensor del medioambiente, que se plantaba con coraje frente a los intereses de quienes querían despojar al Parque Nacional Natural de los Farallones de su biodiversidad. Jorge Enrique Oramas, sociólogo, profesor, creador del proyecto Biocanto, dedicado a preservar las semillas nativas, luchaba con convicción por la vida de esas montañas, hogar de seis de los siete ríos que riegan a Santiago de Cali. Fue asesinado un 16 de mayo de 2020, en la vereda Candelaria, en Villa Carmelo, una zona rural de Cali, en donde la minería ilegal, protegida por grupos armados, avanza como una sombra sobre el agua y el suelo.
Unos meses después, el 18 de agosto, fue asesinado Jaime Monge, otro líder ambiental que soñaba con organizar a los campesinos de Cali, dándoles un lugar en el mercado y en la tierra que trabajaban. Aquella tarde, Monge estaba en su casa en Villacarmelo, calculando con amigos cuánto recibirían los campesinos por la cosecha de aguacates, cuando una bala lo silenció.
El 7 de diciembre de 2023, Camilo Osuna, un joven de 26 años y líder ambiental de Siloé, cayó bajo las balas en circunstancias aún desconocidas. Camilo era parte de la Red de Huertos Agroecológicos de Cali y del Colectivo Me le Pego al Cambio, y con ellos había devuelto la vida a una zona verde del Morro en la comuna 20 de Cali.
Elio Arley Quiñones, conocido y querido líder comunitario de la ecoaldea Brisas del Cabuyal, zona rural de Cali, fue asesinado el 10 de mayo de 2024. La ecoaldea, un tejido de 63 familias que habían construido sus hogares en bioconstrucción, era el fruto de más de 30 años de trabajo comunitario en las zonas rurales de Cali. Quiñones fue asesinado en la Loma de su comunidad, dejando tras de sí la amenaza de despojo de los poderosos constructores de la ciudad, empeñados en arrancarles la tierra a quienes la habían habitado y protegido por generaciones.
Colombia ocupa el triste primer lugar en asesinatos de defensores ambientales, siendo el país con la mayor tasa de homicidios de activistas en el mundo. En 2023, la organización Global Witness reportó 79 muertes de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en Colombia, lo que representa el 40% de los casos documentados a nivel mundial. A nivel global, el mismo año se registraron 196 asesinatos de defensores por ejercer su derecho a proteger sus territorios y el medioambiente, aunque es probable que la cifra real sea aún mayor. Este es el total anual más alto para un país registrado por Global Witness desde que empezó a documentar estos casos en 2012. En apenas una década, Colombia ha sido testigo del asesinato de 461 activistas, consolidándose como el país con mayor número de casos registrados entre 2012 y 2023.
En 2023, el 43% de los defensores asesinados en Colombia eran indígenas, y el 12% pertenecían a comunidades afrodescendientes. Ambos sectores enfrentan continuos conflictos por el control y uso de sus territorios ancestrales. En regiones como el suroccidente colombiano —especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo—, los defensores ambientales están atrapados en un escenario complejo, donde se cruzan intereses de cultivos ilícitos, narcotráfico y la presencia constante de grupos armados ilegales. Estos defensores son blanco de agresiones letales, violencia física, intimidaciones y campañas de desprestigio promovidas por diversos actores, entre ellos gobiernos y empresas, que buscan silenciar su resistencia en defensa de la tierra y la vida.
Esta realidad refuerza la urgente necesidad de construir políticas públicas efectivas que protejan la vida de quienes dedican sus esfuerzos a conservar el medioambiente, en especial en Colombia, donde los peligros se agudizan en zonas afectadas por el conflicto armado, la expansión de economías ilícitas y las disputas por el control territorial.
La política pública de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Colombia tiene como objetivo principal proteger la vida, la integridad y la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país. Esta política busca articular el trabajo entre el Estado, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para reducir la violencia, prevenir ataques y garantizar la seguridad de defensores y líderes sociales.
Sin embargo, en la práctica, esta política no es efectiva para los defensores ambientales, que en su mayoría pertenecen a organizaciones locales, populares y de base, y carecen de espacios de interlocución con el Estado. En este contexto, se hace urgente implementar esfuerzos concretos en la creación de políticas públicas inclusivas que aseguren la participación de los defensores ambientales en el diseño de sus propias medidas de protección, reconociéndolos como actores clave en la lucha contra la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Líderes ambientales como Jorge Enrique Oramas, Jaime Monge y Elio Arley Quiñones, por ejemplo, jamás tuvieron acceso a esta política pública, dejando en evidencia la necesidad de un enfoque más efectivo y accesible.
La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), que se está celebrando en Cali representa un escenario fundamental para abordar la protección de los defensores ambientales en Colombia y en toda América Latina. Como anfitrión de esta conferencia, el gobierno colombiano tiene una oportunidad única para impulsar compromisos internacionales que fortalezcan los mecanismos de protección y el reconocimiento de los derechos de quienes defienden la naturaleza.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022, establece un compromiso de las partes para garantizar la “participación y representación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género” de los activistas ambientales en la toma de decisiones. Este documento también reconoce el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a acceder a la justicia y la información sobre biodiversidad, protegiendo sus tierras y recursos conforme a sus culturas y derechos.
Para el gobierno de Colombia, presidir la COP16 durante los próximos dos años implica la responsabilidad de liderar un cambio transformador en el papel de la sociedad civil y de los defensores ambientales en las decisiones sobre biodiversidad. En palabras de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, el enfoque de la COP16, “Paz con la naturaleza”, busca destacar la voz de quienes cuidan la biodiversidad y los territorios, colocando su rol en el centro de los esfuerzos globales para combatir las crisis del clima, la biodiversidad y la contaminación.
La COP16 destaca la urgencia de adoptar compromisos que fortalezcan la protección de los defensores ambientales en Colombia y América Latina. Se espera que durante este evento se formalicen protocolos nacionales e internacionales que respondan a la alarmante situación de homicidios de líderes ambientales en la región, incluyendo un sistema de monitoreo y respuesta temprana en colaboración con organizaciones locales e internacionales. Estos protocolos deben reconocer la labor de los defensores ambientales como esencial en la lucha climática y garantizar su participación en la formulación de políticas ambientales.
La defensa del medioambiente y la biodiversidad está intrínsecamente ligada a la protección de quienes arriesgan su vida por esta causa. Como país anfitrión, Colombia tiene la oportunidad de liderar la implementación de políticas efectivas que garanticen los derechos de los defensores ambientales y propicien un cambio de paradigma en la región. La construcción de una paz verdadera, sostenible y equitativa solo será posible si se valora a quienes cuidan de los territorios y recursos naturales. Ojalá que las iniciativas que nazcan de la COP16 lleven el nombre de estos líderes ambientales de Cali, como legado de su defensa por la naturaleza en el Suroccidente Colombiano.
