Un paso hacia la Libertad de los jóvenes de

Primera Línea de Cali 

Por Laura Carolina Cruz Soto

Febrero, 2023

Muchos jóvenes protestaron en el Valle del Cauca durante el Paro Nacional, cincuenta fueron asesinados en el departamento; mientras otros fueron privados de la libertad, entre ellos cinco que ejercían su derecho a la protesta en el punto conocido como “el Paso del Aguante” al norte de Cali. Los cinco fueron capturados y acusados de porte ilegal de armas, tortura, homicidio agravado y desaparición forzada agravada. Todos se han declarado inocentes de dichos cargos, y hoy se encuentran fuera de prisión por vencimiento de términos; sin embargo, saben que solo es un primer paso hacia la libertad, que la actual es una libertad incompleta. 

La historia de Carolina Cuero, Cristian Arroyabe, Luis Felipe Sánchez Arenas, Cristian Andrés Aguilar Izasa y Cristian Andrés Cortés, desde el tres de junio del 2021, parece una sola. Ninguno pasa de los 30 años, todos han vivido en el mismo sector de Cali, son hijos de obreros y mujeres berracas, algunos ya son padres de familia como Felipe Sánchez y Carolina Cuero que es madre soltera, han intentado acceder a la educación profesional, como Carolina que estudió enfermería o Cristian Aguilar que entró a la Universidad del Valle a cursar licenciatura en Educación Física y Deporte, y se han empleado en lo que salga, consiguiendo trabajos informales con sueldos precarizados sin seguridad social.

Cansados de tanta inequidades, dificultades para acceder a la educación, vivir en la zozobra de una situación laboral inestable y preocupados por las desigualdades que viven a diario en su entornó, como muchos jóvenes en el país salieron a ejercer su derecho a la protesta el 28 de abril del 2021 a raíz de las reformas que iba a implementar el gobierno de Iván Duque.

A estos jóvenes los une la lucha por la igualdad de derechos, estar inculpados de crímenes que alegan no haber cometido y haber pasado, aproximadamente, año y medio privados de la libertad en dos de las cárceles más duras del departamento. 

Carolina Montaño Cuero estuvo detenida por más de año y medio en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Jamundí -COJAM. Carolina relata que la rutina de la cárcel es severa y que muchas veces sintió que le vulneraron sus derechos: “En el COJAM a las cinco y media de la mañana prenden las luces, hacen un conteo y dan a las internas media hora para bañarse, lavar ropa y limpiar sus “portas”, pues el agua la cortan a las seis de la mañana. Las condiciones de salubridad de los baños son pésimas, se acumulan heces, orines, hay fuertes olores, todo está lleno de mosquitos y hay acumulación de cartones, la desesperanza del lugar resquebraja a cualquiera”. Carolina estaba interna en el bloque blanco 4, con otras 140 internas, compartía celda con cinco compañeras; cuatro dormían en plancha de concreto y la quinta en el suelo. “Un día mío en la cárcel es desesperante, estresante, fatigante por la rutina tan drástica y agitada a la que nos tenemos que someter a cada minuto” dijo Carolina a hechoencali.com, medio alternativo local que logró entrevistarla mientras estaba en la cárcel. 

Los otros cuatro jóvenes detenidos estaban en la cárcel “Villa Hermosa” de Cali, que tiene un hacinamiento del 110 por ciento. El lugar tiene capacidad para 2.046 internos, pero tiene una población de 4.513 personas, de los cuales 2.854 son condenados y 1.659 sindicados. Los jóvenes igualmente narran que vivieron en condiciones infrahumanas, por ejemplo dormían en pasillos y la comida llegaba cruda, además mencionan que en la cárcel se ve una gran corrupción. Todos concuerdan en sus declaraciones que es muy duro estar encerrados privados de libertad, lejos de la familia, acusados por unos crímenes que ellos dicen no haber cometido. 

Proceso jurídico 

El crimen por el que la Fiscalía acusa a los cinco jóvenes es por el presunto homicidio del Patrullero Carlos Andrés Rincón, quien fue torturado, asesinado, y posteriormente arrojado al río Cauca el 3 de junio del 2021 en el “Paso del Comercio” que está ubicado sobre la vía Cali - Palmira al norte de la ciudad. El sitio se encuentra exactamente en la carrera 1 con calle 73, debajo del “Puente Comercio”, el cual en el marco del Estallido Social fue rebautizado como “Paso del Aguante”. El mismo lugar donde los cinco jóvenes participaron en las protestas. 

El equipo jurídico que está encargado de la defensa de los jóvenes es diverso conformado por una ONG de derechos humanos y varios abogados particulares. A Carolina Montaño Cuero y Felipe Sánchez los representa Alberto Bejarano Schiess con el auspicio de la ONG Justicia y Paz; Manuel García, representa a Cristian Camilo Arroyabe Bermúdez con el apoyo de la misma ONG; y el abogado Danilo Guarín lleva el caso de Cristian Andrés Aguilar Isaza a nombre de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 

Aunque los cinco jóvenes están acusados de los mismos delitos y por el mismo caso, un juez negó a los abogados defensores la conexidad procesal, es decir, unir todos los casos en una misma cuerda procesal. Hasta el momento los tres abogados de los acusados han logrado que queden en libertad por vencimiento de términos, sin embargo, siguen vinculados a la investigación y al proceso. En este momento están en curso las audiencias preparatorias de juicio, donde tanto la Fiscalía como la parte defensora deberán mostrar las pruebas a favor y en contra. 

Se debe resaltar que el caso del “Paso del Aguante” es uno de los más relevantes del Estallido Social teniendo eco en el departamento y en el país por la gravedad de los delitos, además por ser la víctima un servidor público. A pesar de que hay varios fiscales encargados de los casos, por más de 18 meses la parte acusatoria no ha mostrado claridad acusatoria referente a lo ocurrido el 3 junio del 2021. 

En cuanto a las garantías en el proceso, el abogado Danilo Guarín, declaró que: “Garantía legales si hay, pero solo de nombre, porque no son reales. Por parte de los jueces y fiscales existe respeto por el debido proceso, pero es mera formalidad procesal”. El litigante señala, que tampoco hay garantías reales para los testigos que saben exactamente lo que ocurrió, pero temen declarar por amenazas de terceros. Sumado a esto Guarín dice. “Ya sabemos que la Policía es una “familia” muy grande y nada ha cambiado con ella. La famosa igualdad de armas probatoria que predica la norma y defiende la Corte Suprema de Justicia y la justicia en general, no existe”. 

Para los abogados defensores jamás una persona podrá tener un arsenal probatorio a su favor como el que tiene la Fiscalía General de la Nación. Por parte de la defensa no se cuenta con un investigador, y de tenerlo, por la limitación de recursos, sería para pesquisas puntuales y pequeñas, no para una experticia de terreno o un bosquejo topográfico del lugar de los hechos como lo hizo la Fiscalía, el cual, a propósito realizó de día pero los hechos ocurrieron en horas de la noche y sin luz porque todas las luminarias habían sido rotas. Toda esta circunstancialidad conlleva a que el equipo jurídico argumente que no existen garantías para la adecuada defensa de los cinco jóvenes.

Las amenazas 

Sumado a la falta de garantías, los abogados defensores han recibido amenazas, la más reciente el 25 de diciembre, a través de un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el que señalan a Alberto Bejarano y Danilo Guarín, junto a otros defensores de derechos humanos, como “objetivos militares”. "Yo siento que las amenazas son una agresión al proceso, una agresión a los jóvenes”, dijo Alberto Bejarano, quien además denunció que estas intimidaciones han venido ocurriendo de forma sostenida y que las autoridades no han investigado el caso. Para el abogado esto muestra que hay actores que no aceptan que los jóvenes tengan defensa ni acompañamiento de organizaciones defensoras de Derechos Humanos. 

Por otro lado, a la defensa y a la familia de los jóvenes les preocupa que la integridad de los jóvenes esté en riesgo, puesto que para ellos hay factores de peligro, denuncian, por ejemplo, que al interior de las instituciones de seguridad del Estado existen grupos que actúan con lógicas terroristas, además algunos sectores de la sociedad caleña local, apoyan una acción violenta en contra de ellos. 

No obstante el panorama enrarecido del proceso, los jóvenes han estado acompañados por Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos como Nomadesc, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la Pastoral Social de Cali, la  Comisión intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación de la Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados Suyana y algunos funcionarios de la Alcaldía de Cali, pero más como algo personal que institucional.  

También algunos sectores se han mostrado solidarios, sobre todo por razones de tipo político, tal es el caso de la Guardia Indígena y algunos congresistas del Pacto Histórico del Valle del Cauca como Alejandro Ocampo, Alfredo Mondragón y José Alberto Tejada. Sin embargo, el mayor apoyo ha venido de colectivos de Estados Unidos, Suiza, Canadá y  España que han actuado muy consistente, principalmente, en hacer presencia para que haya mayor legitimidad y transparencia durante las audiencias. 

Los jóvenes que están vinculados al proceso, aunque agradecen el apoyo de las organizaciones de Derechos Humanos, colectivos y políticos, sienten que se necesita mayor colaboración por parte del Gobierno, la sociedad civil y organizaciones sociales, puesto que están luchando contra un sector del aparato estatal vinculado a grupos que actúan de manera oscura y fraudulenta, por lo que piden más acompañamiento y garantías en el proceso judicial, ya que la actual libertad que tienen por vencimiento de términos es solo un primer paso hacia el camino de una libertad permanente y real, que sea resultado de un juicio justo en donde se demuestre su inocencia. Adicionalmente, resaltan que las garantías y la libertad no debe ser solo para los jóvenes del “Paso del Aguante”, sino que debe ser para todos los que hoy en Cali siguen resistiendo barrio adentro, en las calles y en las cárceles, para todas estas personas que son la memoria viva del Estallido Social y continúan soñando un nuevo y mejor país.

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