El Tibabuyes después del desalojo

¿Qué ha pasado?

Por: Campamento Humedal Tibabuyes

Febrero, 2022

La noticia sobre el desalojo del campamento de resistencia ambiental en contra de las obras del Acueducto de Bogotá sobre el Humedal Tibabuyes le dio la vuelta al mundo, y despertó la conciencia sobre la problemática de los humedales, que son el blanco de las constructoras, que ven en estos cuerpos de agua, espacios aprovechables desde una visión antropocentrista. 

Los medios masivos hegemónicos en su agenda enviaron como noticia la quema de un bus del SITP culpando a integrantes de la primera línea que apoyaron el enfrentamiento con el aparato represor estatal, y que según testimonios de la comunidad fue el agente Daza del ESMAD quien provocó el incendio dentro del vehículo. No obstante, y pese al intento de desviar la atención de la opinión pública, la gente se comenzó a preguntar el por qué unos jóvenes se tomaron el Humedal Tibabuyes y por qué defendían este espacio natural.

El Campamento de resistencia ambiental “SOS Humedal Tibabuyes” es un ejercicio de protesta legítima y es una constante veeduría ambiental que se levantó el 21 de noviembre de 2020, el cual se dio como respuesta de la comunidad ante las denuncias no atendidas acerca de las obras que estaban destruyendo el Humedal Tibabuyes, el más grande de la ciudad, que comprende la localidad de Suba y Engativá, y su extensión es de 222 hectáreas de oriente a occidente. 

El campamento fue desalojado de manera jurídicamente irregular y de forma violenta por parte del ESMAD el lunes 09 de agosto de 2021. En el espacio se presentó un enfrentamiento que duró 14 horas, desde las 12m hasta las 2 de la madrugada; y desde ese mismo día en las redes sociales del campamento @soshumedaltibabuyes comenzamos a recibir apoyo de gente de todo el mundo “Nos escribieron de Uruguay, Alemania, Italia, Suiza, Noruega y México, expresando emotivos mensajes de apoyo y solidaridad con nuestra lucha ambiental”.  afirmó Milton Sarmiento integrante del campamento. 

En Colombia, reconocidas organizaciones defensoras del agua como la Red Nacional del Agua, CantoAlAgua, defensores del Páramo de Santurbán, el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), la comunidad Misak, el niño activista ambiental Francisco Vera, Holman Morris del Tercer Canal, la candidata presidencial Francia Márquez y reconocidas personalidades de la política como María José Pizarro representante a la cámara por Bogotá, las concejalas María Fernanda Rojas y Susana Muhamad apoyan el proceso de defensa y rechazan las obras del Acueducto sobre el Humedal Tibabuyes. 

Concejo de Bogotá

Previamente se había acordado con algunos concejales la posibilidad de hacer un Debate de Control Político en el Concejo de Bogotá, el cual tuvo lugar el miércoles 22 de septiembre de 2021, y según un integrante del campamento que asistió, aseguró que solo la concejala Lucia Bastidas estuvo de acuerdo con el proyecto urbanístico de Peñalosa “Corredores Ambientales”.

Los otros concejales y concejalas estuvieron a favor y dieron un respaldo al proceso que defiende el Humedal Tibabuyes. Además, reconocieron que sí hay una pérdida ecosistémica en la ciudad, en la discusión se mencionó el ecocidio ocasionado por la construcción del “Parque Siete Canchas” una propuesta del IDRD dentro del Plan de Desarrollo de Peñalosa.

Las obras en el Humedal Tibabuyes son, dos puentes, uno de 1.2 km en tercio bajo y otro en tercio medio alto y hacen parte del corredor ambiental que defiende el Acueducto. Sin embargo, la Contraloría Distrital admitió que es un corredor vial. Estos puentes están ubicados en zonas de alta amenaza por inundación, según estudios del IDEGER  (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático).

Además, el cubo con una altura que supera los límites urbanísticos, dos miradores en cemento y metal y box culvert, que es un sistema modular de concreto en el que cada parte se conecta con el otro para formar un túnel.

Asimismo, el parque lineal que será construido en el Borde Norte del Humedal. En el tercio alto hay obras que incluyen pista de patinaje y tres canchas múltiples, así como parqueaderos, zona de comidas y sede administrativa. 

Por otra parte, durante las intervenciones se mencionó el ¿por qué no siguieron los diálogos? ya que, en este espacio gestionado por el alcalde local de Suba, el Acueducto desistió de varias obras en los tres polígonos del tercio alto, y se había logrado la construcción de solo 1 cancha más la sede administrativa y sus inamovibles de las conexiones de los puentes en concreto.

Porque una vez se hizo efectivo el desalojo todo lo acordado fue incumplido. El Acueducto retomó las obras y empezaron con los polígonos del tercio alto. Todos los días vemos que entran volquetas y carros mezcladores de cemento, unos 40 empleados que ante la veeduría ambiental se muestran hostiles y llaman a la policía. 

En esa zona del tercio alto hace falta el estudio de impactos ambientales, el cual debe darse ese recorrido e incluirse en el proceso sancionatorio que está adelantando la secretaría de Ambiente en contra de la empresa de Acueducto. 

Congreso de la República

La congresista María José Pizarro propició un espacio de denuncias ambientales que se llevó a cabo el jueves 18 de noviembre de 2021. El asesor jurídico del campamento ambiental del Humedal Tibabuyes denunció que los entes de control estuvieron distantes del proceso.

“El ente más cercano fue la Contraloría de Bogotá, que me determinó en el 2019 que la construcción Pasarella no era un corredor ambiental, sino un corredor vial. Curiosamente esta misma entidad días después del irregular desalojo conceptuó que las obras debían terminarse para evitar un detrimento patrimonial”. 

Según dice el asesor jurídico, quienes deberían responder por este detrimento ambiental y patrimonial es Peñalosa y su cartel de la ‘Tingua’, junto con Francisco Cruz, Orlando Molano y Nelly Villamizar, y toda esa tecnocracia que encontró la forma de saltarse los determinantes ambientales para hacer el negocio con el señor William Vélez Sierra.

Con el amadrinamiento judicial de la Magistrada Nelly Villamizar que la recordaran por su activismo judicial no solo con estas obras, sino con el POT, las Marchas, Cerro Seco y hasta con la capacidad de hacer una nómina propia. 

Por otro lado, el Acueducto alías ‘Acuerrupto’ junto a la secretaría de Ambiente, aunque dicen que, si por ellos fuera no se hubiese hecho estas obras, pero defienden a capa y espada los contratos del señor William Vélez.

Aunque de fondo está la fragmentación del ecosistema por parte de este proyecto (situación prohibida expresamente por el literal c del art 95 del decreto 190) y la visión antropocéntrica de buscar que el ecosistema sirva al capricho humano. 

Adicionalmente, existe un interés empresarial y político avalado por instancias judiciales de intervenir la ronda hidráulica y en especial la zona de manejo y de preservación ambiental del Río Bogotá, con equipamientos, vías, alamedas y obras que garanticen la expansión urbana, resulta la descontaminación del Río Bogotá un sofisma de este proyecto de depredación urbana, todo esto es el punto de lanza de los que quieren imponer su modelo de cemento y ladrillo sobre el agua.

Las razones de esta indignidad son, porque existe negligencia por parte de la autoridad ambiental y del ministerio público. Hay un activismo de alias la ‘Madrina’ quien dio vía libre a las obras sobre el Río Bogotá.

Igualmente, hay intereses privados cuyas empresas tienen vínculos con escándalos de corrupción e investigaciones penales. Y la alcaldesa de Bogotá Claudia López es cómplice, porque se encierra en un estado inexistente como el “Estado de Derecho” haciendo primar los intereses económicos y políticos sobre los ambientales y de participación.  

Asimnismo, se denunció por parte de otro integrante del campamento que las empresas GREELY AND HASEN e INGETEC S.A son las únicas empresas con las que el Acueducto contrata para todo tipo de estudios, y se presume que se trata de ex gerentes y ex funcionarios del Acueducto que crean estas “empresas” para poder licitar con la empresa. Ante los reclamos de la comunidad dicen que el Acueducto se rige bajo el derecho de principio administrativo, ya que es una empresa privada, aunque opera con recursos públicos.

Asimismo, se denunció que los contratos tienen prórrogas vencidas en el tramo Borde Norte y pese a esto continúan los obreros del Acueducto trabajando con documentos vencidos de años atrás (2018), documentos falsos. Además, el Acueducto tiene procesos sancionatorios desde hace 11 años con el Humedal Tibanica y en el Tibabuyes tiene cargos de procesos sancionatorios por cometer delitos ambientales. 

Se solicitó a la Secretaría de Ambiente que impulse copias a la Fiscalía de los procesos sancionatorios, ya que como autoridad ambiental tiene las facultades para denunciar estos delitos ambientales. Si nos basamos en la ley del comparendo ambiental, se entiende que la Secretaría de Ambiente tiene la autonomía para esas decisiones que llevarían el caso a lo administrativo, ordinario y de ser necesario a lo penal. 

Finalmente, de la visita por el Congreso se creó la Comisión Ambiental del Congreso de la República de los Humedales para Colombia, y se recogieron unas firmas para apoyar la defensa del agua a través de la Red Nacional del Agua.

Por Andrés Felipe Borrero 

Febrero, 2021

La construcción del proyecto denominado Corredor parque ecológico Humedal Juan Amarillo, en el Humedal Tibabuyes, el más grande de Bogotá, continúa pese a la movilización ciudadana y a los diferentes mecanismos legales usados por la comunidad para detener las obras que afectarían el ecosistema y agua de Bogotá.

Andrés Leiton, asesor jurídico de éste caso afirma que al iniciar esta administración se había firmado un pacto por los humedales buscando una salida ambiental a este problema que no se logró con la administración anterior, sin embargo, durante la pandemia de llevar un 30% de construcción avanzó a un 70% y “en algunos sectores a un 80%” desconociendo “como sacaron los permisos o como se hizo toda la gestión hasta casi terminarla”, afirma Leiton.

La obra en uno de los puntos, se encuentra suspendida porque “no hay un acuerdo entre las partes, entre acueducto y el contratista”, por temas que el contratista ha sugerido cambiar y no han sido modificados “entonces eso ha generado una suspensión de dos de los contratos”.

La Secretaría de Ambiente, dice que todo está bajo la presunción de legalidad y cumple con la normatividad vigente, además que está determinado por el Plan de Ordenamiento Territorial y el plan de manejo, aunque allí existe un conflicto porque “el mismo plan de ordenamiento territorial (decreto 190 de 2004) habla en su artículo 95  numeral tres sobre las condiciones para intervenciones, las cuales NO pueden generar una fragmentación en la fauna y flora, como tampoco permite obras que generen altas concentraciones de personas)”, afirma el asesor jurídico, desconociendo la normatividad, las mismas entidades veedoras. 

Así como "tampoco se permiten las obras de ciclorutas y luminarias sobre el jarillon ni sobre las rondas del humedal, por lo que la SDA junto con la EAAB han modificado y acotado de forma abritraria, antitécnica e ilegal la ronda hidrica".

Por su parte, el Acueducto indica que cumple con “la ejecución de unas obras y que esa es su función”, no la protección al ambiente, sino el cumplir el rol de mantenimiento y contratista.

Una de esas medidas legales que parecía detener las obras fue la suspensión del Decreto 565 que se hizo en la administración distrital pasada para avalar las construcciones que se van a hacer en distintos humedales y modificaban los conceptos de recreación activa y pasiva en los humedales. 

En los humedales “se puede hacer recreación pasiva”, indica Andrés Leyton, por ende no se pueden construir ciclo rutas, vías de alto impacto o parques públicos y parques de recreación activa, situación que genera un alta concentración de personas y que como ya vimos estan prohibidas por el POT. El asesor Jurídico indica que dicha resolución modificaba la norma sobre política de humedales y se cayó no por temas de vulneración al medio ambiente sino por un tema de participación de la mesa de humedales que es el organismo idóneo para determinar las políticas que se van a generar dentro de los humedales.

Sin embargo, otras normatividades determinaron la continuación de éste proyecto concediendo permisos, para “la ocupación del cauce, hacer unas construcciones de unos miradores, unas torres de observación y unos puentes peatonales. Todo esto dentro del cauce del humedal”.

Territorio Muisca en Riesgo

Actualmente se está llevando una lucha jurídica sobre reconocer que éste es un territorio Muisca y que se debe validar la figura de Consulta Previa, sobre lo que el Ministerio del Interior ha dicho que allí no hay presencia de comunidad dentro del territorio y que por esto no se requiere éste derecho.

La comunidad de Tibabuyes busca que hoy se reconozca el impacto directo que se tiene en la cosmovisión y al ecosistema del humedal, para entender que son unos “ecosistemas fundamentales para el cambio climático”, además de la preservación del agua y evitar posibles inundaciones del río Juan Amarillo en la parte alta “no es poner más bonito el humedal, sino realmente hacer un mantenimiento y mantener esa relación ecosistémica”, asegura Andrés Leyton.

De ésta forma se hace llamado para que conozca el humedal, que esté ahí presente y que participe de los recorridos, talleres y actividades que hacen los diferentes colectivos y ciudadanos, para “conocer lo que no está construido”. Esas actividades pueden encontrarse en la página de Facebook SOS TIBABUYES.