Violencia de pareja y feminicidio entre miembros de la fuerza pública

"Reflexiones desde la psicología forense sobre casos recientes"

Por Omar Torres Bohórquez Psicólogo*

Diciembre, 2025

 

 

En los últimos seis meses, Colombia ha sido sacudida por tres feminicidios cometidos por miembros activos y retirados de las fuerzas militares y de policía, todos seguidos por el suicidio de los agresores. Estos hechos no solo estremecen a la opinión pública: plantean preguntas profundas y urgentes. ¿Qué perfil psicológico comparten estos victimarios? ¿Qué patrones se repiten en estos crímenes dentro de instituciones armadas? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad tienen las fuerzas militares y policiales en la prevención de estas tragedias? Hoy analizaremos estas inquietudes desde la psicología forense.

 

Casos recientes:

En lo que va del año, tres mujeres han sido asesinadas por sus exparejas, dos de ellos integrantes activos y un oficial retirado de las fuerzas militares y de policía. El primer caso ocurrió el 22 de abril en Bogotá: Yesica Paola Chávez fue atacada en su lugar de trabajo por el subintendente de Policía Andrés Julián Mesa Ramírez, quien le disparó en repetidas ocasiones con su arma de dotación y posteriormente se quitó la vida. El segundo hecho tuvo lugar el 31 de octubre en Pasto, donde el Coronel retirado del Ejército, Ariel Mora Rodríguez, citó a su exesposa, Magda Muñoz, y a su hijo Sebastián en una pizzería; allí les disparó, les arrebató la vida y luego huyó en un taxi para finalmente suicidarse. El caso más reciente ocurrió el 26 de noviembre en el Cantón Norte del Ejército en Bogotá: la teniente María Camila Mora Mahecha fue citada por su expareja, el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, quien la obligó a ingresar a su vehículo y, tras una discusión, le disparó mortalmente antes de suicidarse.

 

En términos generales, la violencia de género en Colombia es alta. El Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 745 asesinatos de mujeres en 2024, un récord histórico. Aunque la mayoría no involucra miembros de la fuerza pública, estos casos han llamado la atención por el doble vínculo víctima-agresor (institución militar o policial). En un estudio de la Secretaría de la Mujer de Bogotá se encontró, por ejemplo, que en 87% de los feminicidios el agresor era íntimo de la víctima, con alto porcentaje de agresiones físicas y acceso a armas. La presencia de arma de fuego o blanca en estos casos coincide con la prevalencia global. El estudio citado señala que la mayor parte de estos crímenes se realiza “de cerca, a golpes y puñaladas” con extrema violencia.

 

Reflexiones sobre violencia de pareja y feminicidio

 

De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer abarca cualquier acto basado en su condición de mujer que cause o pueda causar daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, independientemente de si estos hechos ocurren en el ámbito público o privado. En este marco, la violencia de pareja se comprende como una relación caracterizada por un claro desequilibrio de poder, en la que el agresor ejerce control y genera daño físico, emocional o psicológico sobre su compañera.

 

Desde la perspectiva de género, el feminicidio constituye la expresión más extrema de esta violencia: el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, inscrito en dinámicas culturales profundamente machistas. Asimismo, el análisis de las fases de escalamiento de la violencia evidencia que la separación o el distanciamiento de la víctima no disminuyen necesariamente el riesgo; por el contrario, este periodo suele representar un momento crítico de alta peligrosidad que puede desencadenar agresiones más severas, incluido el feminicidio y, en algunos casos, el posterior suicidio del agresor.

 

El agresor feminicida se caracteriza por una serie de rasgos comunes que permiten identificar su perfil psicológico:

• Sesgos cognitivos rígidos: creencias distorsionadas sobre género, rol femenino y autoridad masculina.
• Incapacidad para resolver conflictos: tendencia a respuestas violentas ante desacuerdos.
• Baja autoestima encubierta: expresada mediante actitudes pasivo-agresivas o dominantes.
• Dificultades comunicativas: imposición de la voluntad por coerción o intimidación.
• Dependencia emocional patológica: vínculos obsesivos, celotipia y control extremo.
• Necesidad intensa de dominio: vigilancia, interrogatorios, control de actividades y contactos.
• Frustración acumulada: descarga emocional en la pareja ante fallos financieros, laborales o familiares.
• Falta de empatía y pobre autocontrol: incapacidad para dimensionar el daño causado.
• Manipulación y mentira seductora: alternancia entre encantamiento y violencia para mantener el ciclo de abuso.

 

Distintas investigaciones advierten que la actividad militar o policial, sumada a rasgos de personalidad y a condiciones estructurales del servicio —como el estrés crónico, el uso prolongado de la fuerza, o la presión jerárquica— puede aumentar la predisposición a conductas agresivas. Para las mujeres en relaciones con miembros de la fuerza pública, los riesgos se agravan: el agresor porta un arma, puede usar su posición para intimidar, manipular investigaciones o acceder a información sensible, como la ubicación de albergues. Además, puede presentarse como víctima ante sus colegas o la justicia, usando su conocimiento institucional para revertir las denuncias y la utilización de tácticas de control que incluirían vigilancia, interrogación, amenazas de muerte o suicidio, y uso del uniforme o el arma como elementos de intimidación. En estos casos, denunciar se vuelve doblemente peligroso: por el miedo a represalias y por la lentitud del proceso disciplinario interno, que no siempre garantiza protección inmediata a la víctima.

 

¿Qué tienen en común estos casos?

 

El Subintendente Andrés Julián Mesa, el Capitán Pablo Andrés Masmela y el Coronel Ariel Mora, recibieron orientación militar y todos presentaban antecedentes de “presunta violencia de género”, revelando mentalidad posesiva y celos patológicos, típicos en feminicidas. Estas coincidencias resaltan un patrón de riesgo: oficiales con antecedentes de maltrato que, ante la ruptura de la pareja, optan por la violencia extrema, usando el arma de fuego para “resolver” el conflicto personal. En general, estudios de criminología señalan que los feminicidios íntimos suelen presentar motivaciones de control y resentimiento hacia la víctima, tendencia al escalamiento de la violencia, desregulación emocional y respuestas negativas a la frustración ante la separación de sus parejas. Por otro lado, estos tres episodios encajan en el tipo de femicidio-suicidio: se estima que entre un 20% y 30% de quienes matan a su pareja intentan suicidarse después, por miedo a la repercusión social y penal, siendo el suicidio una “salida” tras consumar el crimen. En suma, estos agresores comparten el perfil descrito en la literatura: militares graduados, acceso a armas, conductas previas de intimidación y una profunda aversión a perder el control de la relación, lo que desencadenó la tragedia.

 

El perfil de las víctimas nos muestra que, Yesica Paola Chávez, Magda Muñoz y María Camila Mora no presentaban algún tipo dependencia afectiva; evidenciando intentos fallidos de distanciarse de su agresor, el rechazo de la relación y la búsqueda de su autonomía, lo cual es consistente con perfiles típicos de víctimas de violencia de pareja que suelen ser mujeres que, pese a su fortaleza personal, están en situación de riesgo cuando rompen la relación abusiva. La psicología forense describe que las víctimas de este tipo de homicidios frecuentemente muestran “indicadores de riesgo” previos: intentos de separarse, denuncias pasadas o señales de violencia doméstica en su contra. Se conoce que, en los casos del Subintendente de la Policía y del Capitán del Ejército, ambos contaban con denuncias previas y todos conocían la intención de su pareja de alejarse de la relación. No se conocen sobre ninguna de las víctimas reportes de problemas psicológicos ni de dependencia económica, por lo que sus perfiles psicológicos coinciden con el de mujeres empoderadas que, sin saberlo, activaron la conducta homicida del agresor al querer terminar la relación. En la literatura se enfatiza que el hecho de que la víctima busque independizarse puede incrementar peligrosamente la tensión en agresores con personalidad violenta.

 

Recomendaciones preventivas

1. Detección temprana y evaluación del riesgo: Activar protocolos inmediatos ante cualquier señal de violencia. Implementar evaluaciones de peligrosidad apoyadas en psicología forense y comités multidisciplinarios.
2. Capacitación y cultura institucional de “cero tolerancia”: Formación obligatoria en género, manejo de conflictos y prevención de violencia. Responsabilidad jerárquica para intervenir oportunamente.
3. Control estricto de armas: Retiro inmediato del porte y acceso a armas de todo funcionario con investigaciones o indicios de violencia intrafamiliar.
4. Protección efectiva a las víctimas: Canales confidenciales, atención psicológica, acompañamiento jurídico y medidas de protección internas (no solo civiles).
5. Investigación forense especializada: Comprender la dinámica relacional, motivaciones y antecedentes del agresor para diseñar estrategias preventivas.

 

En conclusión, los feminicidios ocurridos dentro de la Fuerza Pública no son hechos aislados, comparten patrones psicológicos, relacionales e institucionales que deben ser atendidos con urgencia. Solo con protocolos efectivos, formación constante, control de armas y protección real a las víctimas podremos evitar que estas tragedias continúen en un país que exige respuestas firmes frente a la violencia de género. La psicología forense ofrece herramientas claras para identificar señales de riesgo, intervenir oportunamente y prevenir la pérdida de vidas. La responsabilidad no es únicamente individual: es también institucional y estructural.

 

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