El río de la vida
Por Miller Armín Dussán Calderón
Profesor Universidad Surcolombiana
Fundador y Asesor de Asoquimbo
“Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán”, sentenció el capitán Iturbide en El General en su Laberinto, al referirse a la manera como las tripulaciones de los barcos hacían destrozos en los bosques de las riberas del río Magdalena para alimentar las calderas de vapor. Quizá sí, porque contrario al capitán Iturbide, en muchos tramos del río los peces ya no necesitan aprender a caminar sobre tierra porque son los peces mismos los que están dejando de vivir ante las aguas represadas”.
Carlos Salgado
Prólogo al libro Extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia.
García Márquez, en sus memorias, (2002) reafirma la destrucción anunciada que ya había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.
El 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, fecha adoptada por 20 países, durante el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas desarrollado en Curitiva, Brazil en el año 1997.
En Colombia, los daños generados por represas como Urrá (Córdoba), Salvajina (Cauca), Anchicayá (Valle del Cauca), Betania y Quimbo (Huila), Hidroituango (Antioquia) e Hidrosogamoso (Santander) han provocado la organización de las comunidades afectadas por la Defensa y Permanencia del Territorio y exigir el reconocimientos de los derechos a la participación efectiva en la toma de decisiones, el cese de la violencia e intimidación contra las personas y organizaciones que se oponen a las represas y la implementación de otras formas alternativas para la producción de energía y la construcción de una política minero-energética pública, comunitaria y justa.
Asoquimbo, en el año 2015 realizó la Movilización el Río de la Vida desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena, que se propone privatizar el río para megaproyectos de generación de energía y transporte de carga que atenta contra la soberanía nacional al entregar el Magdalena, nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio.
En esta oportunidad se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Pero también, nuestro escritor William Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de como un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.
Precisamente, el 22 de Marzo se conmemora el El Día Mundial del Agua adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de generar conciencia acerca de la crisis mundial de este recurso hídrico.
Sin embargo, en la actualidad la humanidad atraviesa la crisis mundial del agua, debido en gran parte a los altos niveles de contaminación, a los efectos de la sobreexplotación de los Bienes Naturales Comunes, la superpoblación, la degradación medioambiental y, particularmente, a la distribución inequitativa del vital líquido.
En Colombia el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua tienen el 62% de su volumen concesionada. Comunidades y organizaciones que defienden el agua, la vida y el territorio, han denunciado que es uno de los países más desiguales en términos de acceso a la tierra y, sobre todo, en relación con los derechos para el uso del agua.
Lo anterior se explica porque de acuerdo con la Ley 373 de 1994, el agua no se reconoce como derecho fundamental sino como un servicio y mediante la Ley 142 de 1994 se privatizó el abastecimiento de agua potable y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.
En la constitución de 1991 el agua tiene una connotación paradójica al concebirla como un derecho fundamental y al mismo tiempo como servicio público. Sin embargo, la gestión y el uso eficiente del agua como servicio se impuso a través, primero, la privatización o negación al acceso al agua como bien público en respuesta a las políticas neoliberales de la década de los 90 que redujeron el rol del Estado y promovieron la lógica del mercado para regular la prestación de los servicios. Segundo, la mercantilización como un proceso que construye mercados para la compra y venta del líquido vital y, tercero, la financiarización del agua para proyectos extractivos minero energéticos y los agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.
Las IFIs son las que han generado las condiciones suficientes para consolidar estos mercados. En el caso de América del Sur, en la época dorada de la privatización del agua, el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID) condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado.
La privatización de la gestión de los servicios públicos no previó que la corrupción también podría incubarse en los gestores privados. Un caso escandaloso fue los “Bonos Agua” o “Bonos Carrasquilla” que se utilizaron entre 2008 y 2011 mediante los cuales inversionistas privados constituyen un patrimonio autónomo para prestarle el dinero a los municipios, con una tasa de interés muy elevada, que estos garantizan con los recursos del Sistema General de Participación.
A partir de 2012 varios municipios enfrentaron dificultades para atender el servicio de la deuda derivada de estos bonos. En 73 de los 108 municipios que utilizaron los bonos no se completaron las obras programadas. Los “municipios Carrasquilla” quedaron endeudados por 19 años, sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario y la Nación entró a pagar el exceso de la tasa de interés que favoreció al exministro Carrasquilla quien creó una empresa en Panamá llamada Konfigura, la cual sería la encargada de hacer la operación de los bonos.
Con la financiarización del agua pasamos de los “bonos carrasquilla” a los “bonos carbono” que convierten los Bienes Naturales Comunes, como el Agua, en mercancías bajo la nominación de “servicios ecosistémicos” o Pagos por Servicios Ambientales que es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación y colonización del cli¬ma al servicio de las transnacionales.
Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono. Para la comercialización de estos bonos, CORMAGDALENA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y ONF internacional francesa, vienen desarrollando el proyecto REDD Macizo como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema. Además, el despojo se realiza a través de la compra de predios a los campesinos a menos precio, a nombre de la supuesta compensación ambiental de daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila por parte de Enel Emgesa con el apoyo incondicional de la CAM y alcaldes municipales.
Indígenas y campesinos resisten exigiendo al Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”.´
Alejandro Guerra Jiménez (martes, 28 marzo 2023 21:50)
¿Qué hay que hacer?...
Renata Ro (martes, 28 marzo 2023 15:34)
La defensa del agua deber ser una de las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Desde Alemania checamos con mucha expectativa todas las reformas del nuevo gobiernos de Colombia
Arcesio Romero (miércoles, 22 marzo 2023 09:59)
Sólo tenemos dos alternativas para defender el territorio. La educación conciente y crítica. Además de fortalecer las organizaciones
José Norvey Arias (miércoles, 22 marzo 2023 07:37)
Saludos desde Cali. Excelente informe sobre una cruda realidad que nos obliga a tomar acciones en defensa de nuestros ríos, del agua, de la vida.