El cambio en la encrucijada: retos y posibilidades
A mitad del mandato del gobierno de Gustavo Petro se ha avanzado en materia de paz, derechos humanos y democracia, urge poner énfasis en la implementación de políticas clave
Por Víctor Daniel Vélez
Comunicador en Antioquia de la Corporación Viva la Ciudadanía
El pasado miércoles 6 de noviembre se presentaron dos informes sobre el balance del Gobierno Petro a dos años de mandato. El primero, el “Balance de políticas del gobierno nacional en Paz, Democracia y Derechos Humanos a dos años de su posesión”, construido por la red de organizaciones de Viva la Ciudadanía; y, el segundo, “El Camino del Cambio, avances y tropiezos de la paz, los derechos humanos y la democracia. Segundo año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez”, presentado por las Plataformas de DDHH. Esta conversación tuvo lugar en el evento "Diálogo Territorio – Nación: ¿Cómo se ven desde Antioquia las políticas de cambio y la situación de DDHH?" en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Un análisis revelador que no solo retrata el estado actual de las políticas de cambio del gobierno de Gustavo Petro, sino también los obstáculos estructurales que amenazan la transformación social.
La posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de Colombia el 7 de agosto de 2022 fue la concreción de un proceso electoral marcado por la esperanza. La apuesta por el cambio se recogía en un programa de gobierno que planteaba un conjunto de transformaciones estructurales en relación con la garantía de los derechos de las mujeres; una economía para la vida; tránsito hacia una economía productiva; de la desigualdad a una sociedad garante de derechos; democratización del estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida; y paz. Este programa de gobierno fue convertido, con ajustes, adiciones y modificaciones, en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” aprobado el 19 de mayo de 2023, y también hace parte de la agenda de la Bancada del Pacto Histórico y de otras fuerzas políticas en el Congreso de la República.
Luego de dos años de gobierno y diez y seis meses de vigencia del PND, estas transformaciones siguen siendo necesarias y su materialización es pertinente, pero los logros del gobierno en los asuntos centrales propuestos en el programa aún son limitados. Se resaltan al menos diez avances importantes durante este periodo:
1. La instalación en la agenda pública y de políticas públicas de una muy amplia apuesta de cambios, las cuales responden a problemas y crisis acumuladas en varias décadas, que resultan muy pertinentes y urgentes de abordar.
2. La apertura a la búsqueda dialogada de la paz en toda su complejidad, con nueve mesas de diálogos y acercamientos con los principales grupos armados del país, persistiendo en el propósito de impedir un nuevo ciclo de violencias.
3. La concreción de un plan y un liderazgo institucional para la aceleración de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la actualización del PMI, y el énfasis en reforma agraria y las inversiones para las transformaciones de los territorios PDET.
4. La política de seguridad humana, que ha reducido los hechos de violación de los derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública.
5. Un gran reconocimiento a los movimientos y organizaciones sociales, que pasan de ser consideradas enemigas del Estado a sus principales aliados. Se avanza en echar atrás la estigmatización, la criminalización de la protesta y se apuesta por nuevos mecanismos de relación, como por ejemplo la política de diálogo social y la propuesta de alianzas público-populares en muy diversos campos.
6. Una agenda internacional que prioriza y promueve la paz, que se evidencia en las posiciones acerca de la guerra en Ucrania, la invasión a Palestina, el llamado a la calma ante los resultados electorales en Venezuela.
7. Ha instalado la discusión y la agenda sobre crisis climática y transición energética, y protección de la biodiversidad, (comunidades energéticas, gestión comunitaria del agua, facultades de autoridad ambiental al os pueblos indígenas, etc.)
8. Un énfasis muy claro de políticas e inversiones hacia los más pobres: incrementos reales del salario mínimo, ampliación de la renta ciudadana, adjudicación de tierras para campesinos, derecho a la pensión para millones de ancianos que no lo pueden obtener por falta de cotizaciones, entrega de bienes del narcotráfico a organizaciones populares, ampliación de sedes de universidades públicas, entre otras.
9. Manejo económico con resultados como: la reducción de la pobreza monetaria, la recuperación del crecimiento, la mejora en la balanza comercial, la disminución significativa de la inflación, , el manejo del déficit fiscal y la deuda heredada del anterior gobierno, etc.
10. La expresión del enfoque y las obligaciones en materia de derechos humanos, en el texto del plan nacional de derechos humanos, en compromiso y el proceso de formulación del plan nacional de acción en derechos humanos y la política pública de derechos humanos, así como en la inclusión de personas defensoras de derechos humanos en las tenas para la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo }
Sin embargo, a dos años de iniciado el mandato, persisten preocupaciones sobre la efectividad del gobierno en el diseño e implementación de las políticas prioritarias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien se han logrado avances en la agenda legislativa, como la reforma tributaria y pensional, las transformaciones estructurales necesarias en temas como derechos humanos, paz y la democratización del Estado han mostrado un avance limitado. Esto refleja dificultades en la gestión del cambio, dispersión en las prioridades y restricciones presupuestales no previstas.
El gobierno ha puesto énfasis en la creación de marcos normativos y la discusión legislativa, pero ha dejado rezagada la implementación ejecutiva de muchas de estas políticas. La falta de mayorías en el Congreso ha retrasado la aprobación de leyes clave, y la expedición de decretos también ha sido lenta. A esto se suman obstáculos administrativos, judiciales y dificultades para ejecutar recursos debido a la búsqueda de operadores nuevos y la prevención de contratos con actores identificados como parte de carteles de corrupción.
En el ámbito de la paz, se subraya la necesidad de fortalecer la implementación del Acuerdo Final de Paz y de los instrumentos de la Paz Total. Es urgente impulsar la participación ciudadana en estos procesos, fomentar una cultura de paz, y avanzar en los mecanismos de memoria y reconciliación. De manera similar, se requiere un enfoque integral en políticas de derechos humanos, agua, minería y la lucha anticorrupción, con el apoyo de todas las ramas del poder público y la sociedad civil para garantizar avances significativos.
Finalmente, el gobierno debe mejorar su capacidad de diálogo con movimientos sociales y la ciudadanía, fortaleciendo las garantías de participación y rendición de cuentas. Urgimos al ejecutivo a acelerar el diseño y la implementación de estas políticas, para asegurar que las transformaciones propuestas puedan materializarse antes de la finalización del mandato, con un enfoque claro en los derechos humanos y la democratización del Estado.
Las claves del informe: un país dividido entre promesas y realidades
Los informes hacen un análisis detallado sobre la implementación de políticas progresistas en Colombia y las expectativas de la ciudadanía. Las conclusiones no son fáciles de ignorar:
• Un futuro incierto para los derechos humanos: El informe muestra cómo, a pesar de las promesas de cambio, las comunidades siguen siendo vulnerables a la violencia, la discriminación y la pobreza.
• Desigualdad estructural: El obstáculo principal: A medida que la brecha social crece, la posibilidad de que las políticas de cambio beneficien a todos los colombianos se desvanece. ¿De qué sirve hablar de paz y reconciliación si la desigualdad continúa siendo la norma?
• El Acuerdo de Paz: ¿Se está cumpliendo o se diluye?: Un análisis sobre la implementación de los acuerdos con las FARC y las dificultades que persisten en el terreno, donde la violencia sigue siendo parte de la vida cotidiana de muchos colombianos.
Voces del evento en Antioquia
Durante el evento realizado en Medellín, se presentó el balance detallado sobre las iniciativas del gobierno en materia de paz y justicia social, así como informes exhaustivos de las plataformas de derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en los desafíos y avances a nivel local.
"El futuro de Colombia depende de las políticas de cambio y la garantía de los derechos humanos"
- Intervenciones destacadas -
Este informe no solo analiza los avances y desafíos del gobierno de Gustavo Petro en sus primeras gestiones, sino que también ofrece una visión crítica sobre las reformas necesarias para garantizar la paz, la justicia social y el respeto a los derechos humanos en todas las regiones del país, con énfasis en las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la desigualdad. En el evento, expertos, líderes sociales y voceros de plataformas de derechos humanos de Antioquia y otras regiones del país intercambiaron ideas sobre cómo la política de cambio puede concretarse en la vida diaria de los colombianos.
En sus intervenciones, los voceros y voceras resaltaron diversos aspectos clave de la situación actual y las políticas implementadas en las regiones. A continuación, algunos de los puntos más relevantes:
1. Diego Herrera, Coordinador de Paz Viva la Ciudadanía, “destacó que se requiere reconocer y promover la participación de la sociedad en las políticas de paz, tanto en la implementación del Acuerdo Final, como en los distintos instrumentos de Paz Total, y en la formulación e implementación de políticas de memoria y reconciliación.
2. Alberto Yepes, Vocero de la CCEEU, hizo hincapié en que “cada dos días se asesina a un firmante de paz, el gobierno no ha encontrado la forma de hacer tangible una política de paz que supriman definitivamente la violencia que enfrentan las personas defensoras y líderes sociales”.
3. Aura Rodríguez, Vocera Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo: “El Gobierno planteó el tema de pobreza y desigualdad como una de sus prioridades. En los dos últimos años se bajaron 2 punticos en la pobreza monetaria, estamos hablando de más 15 millones de personas en situación de pobreza extrema en el país, lo que no es poco. Sabemos que no es suficiente, el problema sigue siendo estructural y preocupante”.
4. Ricardo Jaramillo, Coordinador de Garantías de participación de Viva la Ciudadanía, "El programa de gobierno y el plan de desarrollo son un catálogo amplio de medidas tendientes a promover el goce efectivo de derechos. Hay avances en temas como derecho a la alimentación, renta ciudadana, derecho al agua y políticas educativas. Es fundamental concretar medidas como el plan nacional de acción en Derechos humanos".
Enlaces para descargar los informes y documentos disponibles
Para ampliar la discusión sobre estos informes, las organizaciones que los han producido han dispuesto públicamente una carpeta en línea con los informes producidos tanto por Viva la Ciudadanía como por las plataformas nacionales defensoras de DDHH, así como sus resúmenes ejecutivos y mensajes con datos y cifras clave, que se puede consultar a través del siguiente enlace:
También está disponible la transmisión del evento realizado en Medellín en el canal de youtube de Viva la Ciudadanía:
