Gaza, hambre y fuego
Una emergencia humanitaria que exige acciones globales urgentes
Por Édgar Rodríguez Cruz
Redactor Editorial Quira Medios
Julio 2025
“La crisis del hambre en Gaza nunca ha sido tan grave como ahora.”
— Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA)
La Franja de Gaza, un territorio densamente poblado y bloqueado desde hace más de 15 años, vive hoy uno de los momentos más desgarradores de su historia reciente. Desde octubre de 2023, la escalada militar de Israel ha cobrado decenas de miles de vidas, ha destruido infraestructura civil crítica y ha llevado a más de dos millones de personas al borde de la inanición. Según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, cientos de personas —especialmente niñas y niños— están muriendo de hambre y desnutrición en hospitales colapsados o en los campos de desplazamiento interno. Se estima que al menos un 90% de la población en Gaza no tiene acceso regular a alimentos ni a agua potable segura.
A pesar de los llamados internacionales al cese al fuego y al respeto por el derecho internacional humanitario, los ataques no cesan. Mientras tanto, Naciones Unidas ha advertido con gravedad que “la crisis del hambre en Gaza nunca ha sido tan grave”. La misma organización reporta que más de 6.000 camiones con ayuda humanitaria —incluyendo alimentos, medicamentos y materiales de emergencia— permanecen retenidos sin poder ingresar al enclave palestino debido al bloqueo militar y a los persistentes bombardeos que dificultan el paso seguro de los convoyes humanitarios.
La situación es desesperante. El colapso del sistema sanitario, la destrucción sistemática de viviendas, escuelas, hospitales y centros comunitarios, y la imposibilidad de acceso a servicios básicos configuran lo que múltiples organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han calificado como una situación de genocidio en curso. La hambruna no es solo consecuencia de la guerra, sino un arma deliberadamente utilizada contra la población civil.
Frente a este panorama, la solidaridad internacional se vuelve urgente y necesaria. Las acciones de presión a los gobiernos y las decisiones políticas contundentes que impidan el suministro de recursos que alimenten el aparato militar israelí son parte del deber ético de las naciones.
En este marco, la reciente Reunión Internacional de Emergencia del Grupo de La Haya en Bogotá ha generado un importante precedente de articulación entre sociedad civil, movimientos sociales y gobiernos del sur global para frenar esta catástrofe humanitaria.
Una de las acciones más destacadas en este contexto ha sido la decisión del Gobierno colombiano de suspender las exportaciones de carbón a Israel, amparado en el Decreto Presidencial 1047 de julio de 2025, con el argumento de que dicho mineral constituye la principal fuente energética para la producción de munición y material bélico utilizado en los ataques contra Gaza y Cisjordania. Esta medida no solo es coherente con los principios del derecho internacional humanitario, sino que representa un gesto de valentía política que puede inspirar a otros países a tomar decisiones similares.
Sin embargo, la implementación del decreto ha sido puesta en entredicho. Hoy 24 de julio, el Ministro de Trabajo Antonio Sanguino denunció públicamente, a través de la red social “X” (antes Twitter), que trabajadores del sector carbonífero en La Guajira alertaron sobre la salida del buque “Fortuna” desde Puerto Nuevo en Ciénaga (Magdalena), con destino al puerto de Hadera en Israel. Esta operación viola abiertamente la normativa vigente y evidencia los desafíos que enfrenta la aplicación real de las medidas de boicot económico cuando existen intereses corporativos que priorizan el lucro por encima de los Derechos Humanos.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro se pronunció por su cuenta de "X" convocando a que la armada nacional haga cumplir el el Decreto presidencial deteniendo todos los buques con carbón que tengan como destino puertos en Israel. Sin duda esta medida es una muestra de la decisión del gobierno colombiano para exigir a Benjamin Netanyahu el acato del Derecho Internacional Humanitario.
Esta denuncia debe activar la vigilancia internacional y el control por parte de las autoridades judiciales y administrativas. La sociedad civil tiene un papel crucial: denunciar, vigilar, presionar y construir redes de solidaridad efectiva. Así mismo, hacemos un llamado urgente al empresariado mundial: su silencio o complicidad puede significar la continuidad del sufrimiento de miles de personas inocentes. Las empresas tienen la responsabilidad de revisar sus cadenas de suministro y desinvertir en sectores o gobiernos responsables de crímenes de guerra.
El horror que vive Gaza no puede ser ignorado ni normalizado. La humanidad ha consagrado acuerdos, tratados y principios fundamentales como los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para garantizar la dignidad, la paz y el respeto por la vida. Hoy, todos estos principios están siendo violados de forma sistemática y masiva.
La comunidad internacional no puede continuar con tibiezas diplomáticas ni con declaraciones simbólicas. Es necesario actuar con contundencia, ética y decisión. Porque no se trata solo del pueblo palestino; se trata de la credibilidad de los valores universales que dicen regir el mundo.
“Dondequiera que los derechos humanos sean negados, la humanidad entera sufre una herida.”
— Kofi Annan, exsecretario general de la ONU
Gaza sangra y el mundo observa. Pero todavía estamos a tiempo de cambiar la historia. Que la solidaridad no sea solo una palabra, sino un compromiso concreto con la vida.
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